Objeción de conciencia: diputadas emplazan al Minsal

En la esquina de Mac–Iver con Monjitas se divisaba a las diputadas Marisela Santibáñez (PRO), Gael Yeomans (IL), Karol Cariola y Camila Vallejo (PC). Las acompañaba Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas. Hasta un minuto atrás, las cinco se dirigían con paso decidido al Ministerio de Salud. Sin embargo, algo las detuvo.

En la puerta del edificio, un grupo de manifestantes había desplegado un lienzo a favor de la liberación del machi Celestino Córdova, condenado por la muerte de los Luchsinger–Mackay. Las diputadas esperaron, pero poco después resolvieron cruzar el estrecho espacio que dejaban libre los manifestantes. Con un gesto de puño, solidarizaron con la causa.

Fin a “ambigüedad”

Ya al interior del recinto, y con las consignas de fondo, las parlamentarias entregaron un oficio mediante el cual exigen al Ministro de Salud, Emilio Santelices, pronunciarse sobre el postergado reglamento que regulará la objeción de conciencia institucional en casos de interrupción del embarazo en tres causales.

Recientemente, un dictamen de la Contraloría declaró inadmisible la Resolución Exenta 432, un documento del Ejecutivo que intentaba instaurar garantías para dicha objeción por parte de establecimientos de salud privados que tienen convenios con el Estado. Desde entonces, acusan, no ha pasado nada.

“Ha quedado claro que el Gobierno intentó quebrantar la ley con un acto administrativo y, hasta ahora, no ha zanjado nada al respecto”, apuntó Cariola. “Urge saber cuántas mujeres no han podido recibir su prestación por la actual actitud de ambigüedad”, añadió.

En esa línea, Vallejo planteó que para las víctimas de violación “una semana más de espera es una semana más de sufrimiento”, por lo que “el Gobierno ha actuado de forma irresponsable ante la realidad de las mujeres”.

Representamos a muchas mujeres de Chile y no vamos a dar ni un solo paso atrás. La interrupción del embarazo es ley y la ley es para todas las compatriotas” (Marisela Santibáñez, diputada del PRO).

La objeción de conciencia “constituye hoy la principal barrera para quienes requieren interrumpir un embarazo tras una violación”, señaló la abogada Camila Maturana.

En mayo, el Ejecutivo anunció la preparación de una nueva normativa sobre la materia que considerará las indicaciones emitidas por la Contraloría, aunque aún no se ha dado a conocer la propuesta.