Vecinos de Bajos de Mena acusan falta de fiscalización y apoyo económico en medio de la pandemia

Imagen de archivo. Plaza de la villa Pedro Lira.

Pobladores denuncian falta de cumplimiento a las normas de cuarentena y temen agudización de la pobreza.

Ayer parte de la comuna de Puente Alto cumplió una semana desde que entró en cuarentena. El Minsal decidió extender esta medida hasta el 23 de abril en toda la zona poniente (entre las avenidas Vicuña Mackena y Concha y Toro). Dicha ordenanza fue sugerida por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), desde el comienzo del aislamiento sectorizado, impuesto por el Gobierno. Sin embargo, la implementación de este mandato en Bajos de Mena ha sido difícil e incluso no se ha respetado a cabalidad. Los residentes del sector comentan que existe descontrol y se sienten desprotegidos, mientras desde la alcaldía hacen lo posible para ir en su ayuda.

En medio de las viviendas sociales de Bajos de Mena no existen farmacias, grandes tiendas, una compañía de bomberos o comisarías. Solo un Cesfam. Ahí, Violeta del Carmen González (57) vive hace más de 30 años, en la villa Pedro Lira, en un departamento de 42 metros cuadrados, junto a su pareja. No tiene TV cable, ni acceso a internet. Es jubilada por discapacidad (por un problema la vista) y se le considera como población de riesgo frente al virus COVID-19, por ser diabética y conllevar una deficiencia renal crónica.

Violeta del Carmen González (57), residente de Bajos de Mena.

A ella le preocupa el descontrol que existe por parte de algunas personas: “Aquí la gente es porfiada. Se ponen a tomar en la plaza, no usan mascarillas o cuando quieren se la ponen. Están su mundo, no piensan que pueden infectar a otros”, dice sobre la falta de consideración y agrega que: “En el día no pasa nadie fiscalizando. En la noche como a las tres o cuatro de la mañana pasa Carabineros, pero es que esa no es hora en que está la gente en la calle y sin mascarillas. No sirve de nada. ¡Tienen que venir en el día!”.

En esa misma línea, Yvonne Peñailillo Rojas (57), dirigenta social del sector donde habita Violeta reafirma que: “Los jóvenes, en especial, no entienden nada. No saben que nos pueden matar a nosotros los más viejos. No creen. Tengo siete casos confirmados y en sus casas. Hoy me enteré de otros dos que no están respetando la cuarentena. Entonces, falta fiscalización. Acá no viene Carabineros. Yo he pedido que vengan, pero andan todos afuera. O sea, nos tenemos que cuidar entre nosotros”.

Frente a esta denuncia, Germán Codina reacciona con dureza: “A mí me gustaría que haya más fiscalización, pero a la vez los ciudadanos no pueden esperar tener en la esquina de sus casas un radiopatrulla o un camión de militares. Debe existir responsabilidad compartida y, de alguna forma, aquí es cuando se hace visible un problema sociológico en nuestro país. Somos muy verticales en las decisiones y la gente muchas veces espera que alguien le imponga algo. Lo lógico es que también cada ciudadano ponga de su parte para que esto no termine aún peor, dañándose él, a su familia o a la comunidad”.

El alcalde se muestra preocupado por la situación e indica que tienen 450 casos positivos contabilizados en la comuna, gracias a un sistema de georeferenciación elaborado con datos que los mismos puentealtinos dan al municipio.

Los problemas económicos en medio de la pandemia

Municipalidad entrega alimentación a vecinos a través del sistema de ollas solidarias.

El marido de Violeta fue despedido y no ha cobrado su seguro de cesantía, por las filas que se han visto. Ella recibe una pensión de $130.000 de parte del Estado y es su única entrada fija de dinero. Declara estar inquieta por la situación actual y por lo que vendrá: “Yo tenía un pequeño negocio en mi casa, vendía colonias y otros productos, pero la gente prefiere comer y pagar cuentas, antes que comprar perfumes y desodorantes. Entonces tampoco tengo más plata. No sé cómo lo haré más adelante para abastecerme”, cuenta acongojada.

Al ser consultada por una posible ayuda ella cree que: “El Gobierno debería apoyar más y, sobre todo, ver la necesidad de cada caso, porque, disculpe, los ricos tienen plata y quieren seguir teniendo, pero no miran por uno. Ellos nunca han tenido pobreza. Entonces, el Gobierno debería aumentar las pensiones y los sueldos”. Yvonne, en cambio, estima que una posible solución sería que: “Las AFP permitieran sacar un cinco o diez por ciento a cada afiliado”. Pero duda que eso ocurra, porque declara que no existe voluntad de la clase política.

Yvonne sale cada día en ayuda sus vecinos más necesitados. Está agradecida de la gestión del alcalde Codina, quien: “Día a día ayuda a más de 70 familias en la villa con las ollas solidarias y entrega de cajas de mercadería. Es el único que viene”. Asegura, además, que ningún diputado, senador o concejal, a excepción de Luis Escanilla (PS), se ha acercado a conocer la situación, por lo que solo están en contacto todos los días con el municipio para gestionar ayuda y otras instituciones y voluntariados como Desafío levantemos Chile, Techo y Cambiar es crear.

Yvonne Peñailillo Rojas (57), dirigenta de la Villa Pedro Lira, en una manifestación. Fuente: Facebook de Movilidad Popular.

La municipalidad de Puente Alto  a través de “ollas solidarias”, reparte alimentación a más de 2.000 familias, lo que equivale a cerca de 10.000 personas, según los cálculos del órgano comunal. Además, tienen distintos servicios para la comunidad como “Tu feria a la casa”, en la que sin cobrar el costo de envío, acercan lo que sea necesario, hasta la puerta de cada puentealtino.

Germán Codina cree que las medidas de ayuda deben ser rápidas y de la forma menos burocrática posible, cree que «se va a necesitar una política del Estado excesiva en gasto, que genere estabilidad económica a las familias que dependan del comercio, de las ventas que hacen día a día y, además, apoyar a los municipios, que son quienes dan respuestas a las familias más necesitadas, esas que solo piden alimentación”.

Germán Codina al Gobierno:

“La ayuda económica tiene sentido en la medida que llegue ahora. Si viene en unas horas o en dos días más, va a ser insostenible para muchas familias de escasos recursos o de clase media. Hay que desburocratizar lo antes posible. Además, el comité de expertos formado en el Ministerio de Desarrollo Social debiera incorporar: a la Contraloría general de la República, Conapyme, Asech, a la multigremial de microempresarios y municipios”.

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