El anuncio por parte del Gobierno de la implementación de los nuevos medidores “inteligentes” no ha dejado de generar controversias durante las últimas semanas. Si bien la mayor parte de las críticas y dudas se refieren a cuestiones económicas como el costo del aparato, quién debe asumirlo y las alzas en la factura de la luz; los expertos alertan de una posible amenaza a la privacidad de los usuarios con los nuevos medidores smart.
El tema ya generó discusión en varios países de Europa que adaptaron sus legislaciones al inevitable avance de la tecnología. Sin embargo, en países como Chile, Brasil, Argentina o México no ha surgido, al menos por ahora, una oposición similar durante la tramitación de este tipo de proyectos. Concretamente en Chile, apenas se ha visibilizado aún este grave problema relacionado con el manejo de datos: en intervalos de quince minutos, el medidor inteligente estará recopilando y enviando datos sobre el consumo eléctrico del usuario. Ello, que no es perjudicial en sí mismo y que en principio está orientado a mejorar la eficiencia en el consumo, esconde un peligro: la posibilidad de que estos datos no estén suficientemente protegidos y puedan ser utilizados para otros fines sin consentimiento previo del usuario.
Juan Carlos Lara, abogado de la Universidad de Chile y coordinador del equipo de investigación y políticas públicas de la fundación Derechos Digitales, explicó a este medio los riesgos asociados a los nuevos medidores; señalando que el problema radica en la falta de seguridad en el tratamiento de datos, los cuales incluyen patrones de conducta de todos los usuarios. Al darse la posibilidad de que alguien no autorizado pueda acceder a estos datos, el derecho a la privacidad de las personas queda seriamente en peligro. Así mismo, explicó que “dada la capacidad remota sobre el suministro, es posible que un actor malicioso pueda fácilmente tener acceso a toda la información personal e incluso al suministro mismo, que puede ser cortado o alimentado en acceso provocando graves daños”. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que sea en el marco de una investigación criminal que estos datos sean requeridos, lo que podría contradecir algunas de las garantías del debido proceso.
Entre las propuestas para enfrentar este desafío, el experto destaca “la necesidad de crear marcos legales que incluyan la protección de datos en términos de acceso, intercambio y entrega a la autoridad”, así como “generar conciencia entre la población e incentivar el aumento de la participación abierta de la ciudadanía”. Desde Derechos Digitales se elaboró una guía para las instituciones con recomendaciones en materia de vigilancia pública que incluye que la solicitud de información a los ciudadanos debe respetar siempre los principios de transparencia, rendición de cuentas, protección de los estándares de Derechos Humanos y protección de datos. Tal y como advierte Lara, “el aumento de las capacidades tecnológicas conlleva también un aumento de la vulnerabilidad de las capas de información que comienzan a generarse”.