La desprivatización de aguas y la descontaminación medioambiental estarían en el centro de las exigencias para defender a la naturaleza desde la Carta Magna.
El plebiscito que decidirá el futuro de la Constitución abrió las puertas para que surjan nuevas reformas en distintas áreas. Una de ellas, la medioambiental. En la actual carta fundamental, específicamente en el artículo 19, se contempla como uno de los derechos fundamentales el “vivir en un ambiente fuera de contaminación”.
“Anteriormente el sistema era algo así como ‘el que contamina paga’, lo que era un incentivo perverso para las empresas, no a detener el daño medio ambiental, sino a calcular si podían pagar por él o no”, asegura Alejandro Usen, experto en Derecho Constitucional de la U. Adolfo Ibáñez. Agrega que si bien el sistema ha mejorado, todo fue entregado al desarrollo legislativo y no se ha mejorado la protección constitucional del medio ambiente.
Por ello, es que distintas organizaciones ven en una nueva Constitución para ayudar a sortear la crisis medioambiental. “Debe reflejar las bases para construir una sociedad con un sentido de época distinto, con una Chile en sequía pero con energías limpias, con biodiversidad única de la Patagonia, por lo que requiere una Constitución que se haga cargo de esa riqueza y la proteja”, plantea Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile.
En esa línea, propone algunas soluciones, como la estatización de las aguas hasta la reglamentación para el cuidado de recursos naturales. “Son cambios prioritarios la protección del agua en todas sus formas, como ecosistema y como recurso, y poner fin a zonas de sacrificio y su contaminación ambiental”, dice Asún.
Pero no es la única. Desde Kyklos, empresa que lidera la campaña “Chile sin basura”, señalan que “planeamos poner sobre la mesa la discusión en torno no solo a los derechos de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de contaminación, sino además del deber del gobierno de proporcionar las facilidades para una gestión de residuos más amigable con el medio ambiente, y un plan de desarrollo que apunte a la sostenibilidad y a la economía circular”.
Ignacio Urbina, doctor en Derecho Medioambiental de la PUC, profundiza algunos aspectos que podrían cambiar respecto de la actual Constitución en relación al medio ambiente, como fortalecer el artículo 19. Indica que se podrían dar prohibiciones constitucionales para desarrollar proyectos en parques rurales o áreas de comunidades indígenas. “O bien, podrían incrementarse los llamados ‘deberes positivos del Estado’, en el que se establecen acciones o inversiones que resguarden el medio ambiente, como la creación de parques naturales, o la reforestación”.
Además, Urbina subraya que podrían elevarse organismos medioambientales como una Superintendencia o Tribunales, que hoy dependen del Ministerio del Medio Ambiente, pues “hoy todo se traba, todo se politiza, por lo que elevarlos de categoría les permitiría ser instituciones independientes, como el Banco Central, cuyos consejeros son menos vulnerables a las presiones políticas”, asegura.
Un punto final serían temas de ordenación de recursos. “Y aquí caben temas de regulación estricta de recursos naturales, como los yacimientos mineros, la geotermia (en especial el litio), el agua, los glaciares, temas forestales, prohibiendo o favoreciendo su explotación”