Una política de bioequivalentes fallida y gastos millonarios de laboratorios para promover sus marcas entre médicos han propiciado precios elevados para la población.
“Actualmente, el mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma que cualquier otro mercado de consumo masivo en que se compite por marcas, como los automóviles, el vestuario o los celulares, por ejemplo, y esto se debe a que la política de bioequivalencia no ha sido efectiva”, aseveró Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico, en la presentación del informe que elaboró la institución sobre el mercado de medicamentos en el país. Este panorama llevó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a recomendar una “reforma estructural” en el sector para garantizar mejores precios.
El estudio de 247 páginas comenzó a realizarse en abril de 2018 y “consistió en una revisión completa a la industria” que condujo a la FNE a plantear un paquete de 14 medidas guiadas por cuatro objetivos fundamentales: “Que se introduzcan más medicamentos bioequivalentes en el mercado; que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca; que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva”, señalaron en la presentación.
Según la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), un bioequivalente es aquel medicamento que si bien no es el original o el primero patentado en el mercado, posee una certificación que garantiza “la misma calidad, eficacia y seguridad que el original en su comportamiento clínico”.
La“poca efectividad” de la política de bioquevalencia mencionada por la FN, se debe, en parte, a que el 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes, junto al hecho de que los laboratorios “realizan inversiones superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos”, para que estos receten dichos productos por sobre otros que son más económicos.
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, destacó que estos mecanismos de la industria “han boicoteado el funcionamiento de la iniciativa de bioequivalentes”, y alude a estrategias de marketing “que impulsan el uso y prescripción por parte de nuestros médicos de productos de marca o innovadores”. Realizó un mea culpa por esta tendencia y señaló que como médicos, ha sido difícil internalizar la necesidad de utilizar alternativas; aseguró que de parte del gremio respaldan el avance de reformas legislativas en torno a la materia y esperan que estas logren “sortear el lobby de la industria farmacéutica, la cual es muy potente en nuestro país”. Apuntó la responsabilidad del Parlamento y del Gobierno”, de quienes solicita mayor apoyo para impulsar los cambios
La falta de conocimiento y promoción de bioequivalentes propicia que la mayoría de los pacientes se muestren “reticentes a cambiar lo indicado por una alternativa más barata. Las farmacias, a su vez, venden a los pacientes los medicamentos de marca recetados”, indican desde la FNE, los cuales son adquiridos desde los laboratorios a precios en promedio un 70% más caros que los que adquiere el sector público, por lo que el valor final resulta mucho más elevado.
Para Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, lo que ha quedado demostrado con el informe “es que el alto precio de los medicamentos se debe a los laboratorios y no a las farmacias, y eso se evidencia en el hecho de que el Estado compra hasta un 70% más barato que nosotros”. Rojas explicó a “El Cóndor” que se trata de “un hecho que demuestra que nuestros pacientes están pagando más caro porque a nosotros también nos venden más caro”, asegura.
El representante gremial señala que las propuestas “deberían ir entonces dirigidas a los laboratorios, no hacia las farmacias. Y sin embargo, se podría cometer el error de apuntar hacia nosotros para pretender bajar el precio”. Rojas enfatiza además en el supuesto “fracaso” de la bioequivalencia: “Nosotros lo venimos diciendo desde siempre y ahora ellos lo ratificaron. Lo repetimos con más fuerza: la bioequivalencia es una medida de paz, porque diría que solo a un 20% de los medicamentos se le puede hacer bioequivalente”.
El fiscal Riesco agregó que la propuesta incluye establecer obligatoriedad en la prescripción de medicamentos en función de su denominación internacional y exigir a las farmacias que dispensen opciones más baratas.
De implementarse estas medidas, se estima, “en forma conservadora”, que se ahorraría entre un 20% y 40% en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas, lo que se traduce en un monto anual de hasta 380 millones de dólares en medicamentos comercializados en farmacias.
Desde la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) señalan que, a pesar de concordar con los planteamientos de la FNE, “no se puede obligar a los médicos recetar productos sin marca, puesto que afecta en cierta medida al poder de decisión de las personas en querer comprar o no cierto medicamento”.