La defensora Patricia Muñoz explicó que del total de casos, 11 son por heridas de bala, 43 por perdigones y 5 por trauma ocular, y mostró su preocupación por los casos de niños detenidos vinculados al Sename.
Desde que comenzó el estallido social, la Defensoría de la Niñez ha registrado 327 casos de lesiones a niños, niñas y adolescentes. Así lo detalló la titular del organismo Patricia Muñoz, durante la actividad de presentación del primer informe anual de la Defensoría de la niñez, en el que se describen la situación nacional en materia de derechos humanos de los niños en Chile.
En la instancia, Patricia Muñoz matizó que dado que el informe fue terminado poco antes de que estallara la crisis social, no se recogen las vulneraciones a los derechos humanos de los niños ocurridas durante el último mes.
La diferencia es drástica: frente a las diez querellas ante graves casos de vulneración de los derechos de los niños y dos recursos de protección que interpuso la defensoría a lo largo de un año, en el solo transcurso de las protestas sociales son 327 los casos de lesiones ingresados a la institución. De ellas, 11 son por heridas de bala, 43 por perdigones y cinco por traumatismo ocular.
Desde el estallido social, la defensoría ha registrado también un total de 118 lesiones físicas de otro tipo, asociadas a golpes con pies, con puños, con la luma y arrastres.
“Hemos constatado una violencia policial en su manera más brutal y hemos denunciado la flagrante vulneración de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes”, señaló Muñoz, quien explicitó que desde la institución se han registrado casos de niños que han sido víctimas de golpes, de torturas, de vejaciones sexuales, de insultos, de descrédito y de victimización y estigmatización permanente. “Son hechos constitutivos de una violencia inaceptable en una democracia y todos los adultos somos los responsables” señaló tajante la defensora de la niñez.
Son los niños y niñas pobres quienes resultan más a menudo objeto de violencia y judicialización, algunos llegan al Sename, otros son encausados por infringir la ley antes de cumplir los 18 años. En Chile hay una epidemia de violencia contra los niños”
Patricia Muñoz, defensora de la niñez
Juan Pablo Venegas, de la ONG dedicada a la infancia, World Vision Chile, señaló a este medio que “la defensoría y el INDH son las dos únicas instituciones que se han comprometido en la comunicación y la denuncia de violaciones a los DD.HH”. Sobre el actuar de las fuerzas policiales, estiman que fue negligente y arbitraria, sin respetar los protocolos. “Ha sido poco pulcro y aún existe una zona negra de datos”.
Muñoz aludió igualmente a los niños que están bajo la red de protección del Estado, manifestando su preocupación: “Se agudiza la complejidad de la situación, conocida las vulneraciones que sufren los niños que están en el Sename”. La defensora enfatizó la necesidad de revisar lo que el Estado ha hecho en relación con la violencia ejercida contra esos niños.
Según las últimas cifras aportadas por el Gobierno, el 11% de los detenidos en las protestas del último mes son menores, de los cúales 115 están vinculados al Servicio Nacional de Menores.
Desde el Servicio Nacional de Menores indicaron a este medio que han tomado acciones al objeto de registrar los casos y denunciarlos ante la Fiscalía y el INDH. “Nosotros solamente podemos tomar acción por los niños vinculados al sistema del Sename”, matizaron, para después exponer que “hemos denunciado todos los casos que hemos constatado de violencia contra menores que están vinculados a la institución. Pero es la justicia a través de la fiscalía quien determinará y calificará los hechos”, apuntan desde la entididad, la cual ha activado un mecanismo de informe semanal al INDH y la Fiscalía.
Desde la ONG World Vision señalan que el Sename requiere una reestructuración profunda. “Ha sido una política pobre para niños pobres, los poderes del Estado no se han preguntado sobre qué es lo que los niños realmente requieren”, señala Venegas, para quien la vulneración de los DDHH de los niños está en el centro de las asimetrías sociales.
“Son los niños y niñas pobres quienes resultan más a menudo objeto de violencia y judicialización, algunos llegan al Sename, otros son encausados por infringir la ley antes de cumplir los 18 años. En Chile hay una epidemia de violencia contra los niños”, afirmó Venegas.
El asunto del proceso constituyente también fue abordado ayer por la defensora de la niñez, para quien resulta imprescindible que el nuevo pacto social “esta vez no excluya a los niños”.
Patricia Muñoz agregó que los niños no solo merecen espacios de participación efectiva, sino que tienen derecho en términos efectivos en aquellas cosas que les afectan, y apuntó que, como sociedad, es preciso incorporar cambios incluyendo a los jóvenes, advirtiendo de los riesgos de no hacerlo: “Nadie hubiese deseado esta crisis, pero nos plantea la oportunidad de llevar adelante cambios sustantivos. Si seguimos haciendo las cosas como antes, lo más probable es que tengamos las mismas consecuencias”.
Finalmente, la defensora de la niñez mencionó que ya han realizado el primer cabildo de la institución al fin de cerrar una metodología que permita la capacitación de las instituciones del Estado. Cree que aquello serviría para hacer más efectiva la participación de niños y adolescentes en el proceso constituyente.
El informe de la Defensoría constata situaciones de vulneración y destaca el caso de las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví
Junto a la situación de vulneración de los Derechos Humanos de los niños en el contexto de la crisis social, el informe, elaborado antes de que ésta estallara, arroja valiosos datos y estadísticas.
Entre otros, se señala que del total de 4.146.306 niños en edad de escolarización, casi 500.000 niños nunca asistió a la escuela. Por otro lado, también se hace referencia al tema de la alimentación, recalcando que casi un 15% de los niños padece sobrepeso.
En cuanto a los desafíos principales, se señalan el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños en Chile, que deben pasar por el principio de interés superior del niño, el el derecho a ser oído, el principio de igualdad y no discriminación, la especial representación jurídica que deben tener, y la obligación de tener especial vigilancia sobre la situación de los derechos de los niños que están bajo el cuidado del Estado.
Algunos de los casos que han sido de especial interés para la Defensoría de la niñez a lo largo de este año, es el relativo a las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, donde se han constatado daños para la salud de sus habitantes.
El informe resalta que, aunque el 40% de los menores han presenciado contaminación del aire y malos olores, según la Encuesta CASEN de 2017, sus testimonios no son oídos: la Encuesta Nacional de Medioambiente 2018 no contempla entre los encuestados a niños ni adolescente.
Patricia Muñoz aludió al análisis que impulsaron para contrarrestar la falencia:“Elaboramos un estudio que evidenciara el grado de afectación de niños, niñas y adolescentes residentes en estas comunas, para identificar cómo la contaminación industrial de esas zonas afecta a en sus vidas y los impactos que tiene en la salud física de los niños. A partir de ahí hemos ido generando propuestas que eviten o mitiguen futuras crisis medioambientales que afecten a esta población del pais, que suelen ser los más afectados”.