El presidente gremial, Mario Aguilar, detalló que “este recurso solicita a Tribunales que ponga las medidas correspondientes para una situación que es absolutamente ilegal. Carabineros está excediéndose en las funciones que la ley le otorga». La Coordinadora No + AFP, la FECH, y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Motadima), en tanto, también estudian acciones.
Mientras la calle Compañía tronaba con gritos de protesta, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores entró a Tribunales para interponer un recurso de protección contra Carabineros y el Ministerio del Interior por el seguimiento de sus autoridades, que fue revelado tras el hackeo a los sistemas de Inteligencia de Carabineros.
El organismo gremial es el primero de los afectados en presentar acciones judiciales en el caso, entre cuyos afectados están la presidenta de la FECH, Emilia Schneider, el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina y Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima).
“Este recurso solicita a Tribunales que ponga las medidas correspondientes para una situación que es absolutamente ilegal. Carabineros está excediéndose en las funciones que la ley le otorga. Estamos sometidos a una situación de fichaje de Inteligencia”, declaró Aguilar.
El recurso reprochaba especialmente dos situaciones del actuar de Carabineros: la vulneración grave a la privacidad y al derecho de libertad de expresión.
“Se está haciendo un seguimiento a los dirigentes. Hay directamente una invasión en nuestra vida privada. Seguramente detecten que fui a la feria y al cine con mi señora. No tengo nada que ocultar. Es reprochable que estemos siendo vigilados”, afirmó el dirigente del Colegio de Profesores, y adelantó que solicitarán una audiencia con el presidente de la Corte de Apelaciones.
El dirigente responsabilizó de estas acciones al Gobierno, visión que también manifestó la Coordinadora Nacional de trabajadores/as No +AFP en su comunicado de ayer, indicando que iniciarán acciones legales por la persecución de sus principales dirigentes.
Otros actores también señalaron acciones legales conjuntas que se interpondrán por vigilancia y seguimiento de Carabineros contra organizaciones, dirigentes gremiales y sindicales.
Diputados de la bancada de Convergencia Social anunciaron también su visión y sus medidas sobre el tema, cuestionando la legalidad del actuar de la Institución. “¿Es un problema de la seguridad pública de todos los chilenos, o es un problema específico de los dueños del agua privada? ¿Mario Aguilar es un problema para la seguridad pública o lo es para los dueños de la educación de mercado?”, puso sobre la mesa el diputado Gonzalo Winter, bajo la premisa de que los recursos de todos los chilenos se pondrían al servicio de fines que no tendrían directa relación con la seguridad del país.
“Tenemos una inteligencia que está al servicio de mantener el statu quo político que se llama neoliberalismo”, aseveró Winter, luego de que su bancada revelara que citará a dar explicaciones al director general de Carabineros, Mario Rozas, y al mandatario de Interior, Gonzalo Blumel, para que expongan los detalles y razones de su seguimiento a dirigentes sociales.
Alejandro Usen, académico de Derecho Constitucional de la Universidad Central, afirma que la situación debe verse desde diversas aristas. “Efectivamente existe el escenario de que estas acciones de Carabineros transgreda derechos fundamentales. Pero no se puede descartar que en las fuerzas de orden y seguridad pública no solo es esperable sino deseable que tengan actos de inteligencia (como las hay en países como Inglaterra y Estados Unidos), y que no conocemos toda la información de esta inteligencia de Carabineros, sino solo la que se filtró, con lo que no conocemos el abanico completo de los hechos”.