El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) asegura que los municipios fueron claves en el acuerdo constitucional. Ahora, dice, buscarán identificar las urgencias sociales y territoriales del país.
Carlos Cuadrado Prats está convencido de que el municipalismo salió fortalecido en las últimas semanas. Mientras el Gobierno y el Congreso no lograban ponerse de acuerdo, los 322 alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidad (AChM) impulsaron una consulta que, entre otros aspectos, le preguntaría a la ciudadanía sobre la posibilidad y el mecanismo para crear una nueva Constitución.
“Indicamos un camino y nuestra labor hoy es pavimentarlo para llegar lo más rápido posible a los grados de justicia social reclamados”, analiza el nieto del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, asesinados por la DINA en Buenos Aires, en 1974.
Ahora que pospusieron la consulta, el primer vicepresidente de la AChM y alcalde de Huechuraba desde 2012 afirma que no abandonarán el trabajo de identificar las mayores urgencias de sus comunidades.
“En los países de la OCDE el 30% del PIB es administrado por los municipios y en Chile llega al 13%. Si los recursos van directamente a los territorios y los organismos técnicos encargados de ejecutarlos son los municipios, la calidad de vida y los servicios públicos y generales para los ciudadanos llegan con mayor rapidez, en mejores condiciones y en igualdad de condiciones para todos”, agrega. A su juicio, una nueva Constitución que redefina el país en términos locales lo permitiría.
“El rol subsidiario del Estado debe terminar; se deben asignar competencias mayores para los municipios; se deben asignar recursos en forma distinta y en volumen mayor; y debe existir un plan de contingencia que permita igualar las diferencias que hoy se han generado entre municipios ricos y municipios pobres, y que el Estado garantice que los vecinos tengan acceso a los mismos servicios que otro vecino en otra comuna tiene.
—¿A qué se refiere?
«Por ejemplo, hay 53 comunas que no cuentan con farmacias. Si alguien se enferma debe ir a otra ciudad a comprar sus medicamentos. Esos grados de inequidad territorial deben ser subsanados, al igual que muchos otros servicios que debieran estar considerados y que no están».
—El alcalde de Renca contó que cuando se oponían a una autopista de superficie desde el Estado les decían que soterrarla costaría US$400 millones más, pero luego se construía un bajo tierra en Vespucio Oriente. ¿Cómo se enfrenta esa diferencia?
«La autoridad que no entienda que el cambio que Chile exige es profundo y estructural debe renunciar. Hoy se exige un trato igualitario entre todos los ciudadanos y por lo tanto si hasta la fecha había sido la Dirección de Presupuestos la que gobernaba, hoy tendrán que entender los técnicos que las decisiones se tendrán que someter a la decisión política. Si hay un técnico que considera que construir un puente para que dos niños crucen a estudiar es muy caro, tendrán igual que hacerlo porque la obligación de la autoridad política es garantizar que esos dos niños crucen el río para acceder a la escuela. Hasta la fecha era distinto, el poder político se sometía al criterio económico y técnico. Hoy Chile cambió y la autoridad es la que manda y los técnicos tendrán que hacer lo que los políticos digan en función de establecer criterio de igualdad, porque habiendo seguido las directrices de ellos se han generado injusticias enormes a nivel nacional».
—¿En qué pie queda el municipalismo para lo que viene, dado lo intenso que se ve el 2020?
«Para nosotros es fundamental jerarquizar y determinar las demandas sociales que deben ser resueltas vía legal, vía constitucional, vía administrativa. A eso nos debemos abocar ahora porque es nuestra responsabilidad con los ciudadanos que representamos, aquello para lo que fuimos mandatados. Para nosotros es urgente establecer un diálogo, un cronograma de conversaciones con autoridades que permitan ir avanzando en las demandas sociales que en el acuerdo de ayer quedaron fuera, dado que la prioridad estuvo en el cambio constitucional. En el ámbito de las demandas sociales seremos nosotros los que encabezaremos el proceso para otorgar los insumos al Parlamento, al poder Ejecutivo y a las instituciones públicas para que hagan lo necesario para que se modifiquen las injusticias y las demandas sociales se concreten. (…) Tenemos la obligación moral y política de resolver los temas lo antes posible».